Los nuevos ricos cierran los caminos públicos

El mundo rural ha sido ocupado por nuevos terratenientes que invierten sus fortunas, procedentes de pelotazos urbanísticos, en la compra de terrenos para crear cotos de caza. Los nuevos ricos, y caciques de la zona, llevan a cabo grandes cerramientos cinegéticos y cierran los caminos públicos, patrimonio de todos. Asociaciones senderistas y ambientales luchan contra la usurpación de los caminos públicos.

 

 

“Han llegado unos señores de fuera con dinero y han cerrado los caminos públicos del pueblo. Los vecinos están muy cabreados. Unos caminos por los que han pasado durante toda la vida, y que llevan a unas zonas con vistas impresionantes, están cerrados a cal y canto”, dice María Carmen García, alcaldesa del municipio de La Pesquera, Cuenca, de 250 habitantes, enclavado en el El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, donde otro camino, éste en el término vecino de Minglanilla, ha sido cerrado, lo que impide el paso a ese espacio natural. La alcaldesa de La Pesquera relata a Diagonal que los nuevos terratenientes del pueblo, que han cercado grandes extensiones para cotos de caza, han intentado intimidarla.Ella ha iniciado el proceso para abrir esos caminos públicos y ahora tendrá que acudir a los tribunales.

Éste no es el único caso. María Carmen García ha asistido a las VII Jornadas de Caminos públicos celebradas en Constantina, Sevilla, el 1, 2 y 3 de noviembre pasado, donde se han reunido representantes y activistas de más de 15 organizaciones ambientales y senderistas de todo el Estado español que se enfrentan a la usurpación de los caminos públicos en su territorio.

  La privatización o el robo de caminos públicos, vías pecuarias y el dominio público hidráulico (ribera de los ríos) es una constante. En los últimos años, los nuevos ricos del ladrillo están invirtiendo sus fortunas en el mundo rural. Compran fincas que juntan para crear cotos cinegéticos que envuelven con vallados, y dentro de ellos se quedan los caminos públicos, muchas veces únicas vías de comunicación entre pueblos.

Caciques y nuevos señoritos

Son caciques, nuevos señoritos, propietarios ‘aprovechados’ y hasta la propia Adminis­tración autonómica los que ponen puertas al campo con la complicidad, en muchos casos, de los ayuntamientos. “Es una vuelta al pasado, al caciquismo, me genera mucha tristeza y rabia”, dice José Manuel Flores, presidente de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos, que en 2007 puso en marcha, con otros activistas, la plataforma en Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el cierre de caminos, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha.

 Para el geógrafo catalán Xavier Campillo, experto en caminos, no existe vacío legal y nuestra jurisdicción recoge en varias normativas la defensa de los caminos públicos como bienes patrimoniales que no se pueden vender.  “La Ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Para desafectarlos [cambiar su uso], se requiere un expediente del Ayuntamiento al que pertenezcan que acredite la ‘oportunidad y legalidad’ de esa desafección”, señala Campillo a este medio. Además, los motivos de ese cambio de uso deben ser, en todo caso,“la utilidad pública”. También la Consti­tución reconoce el derecho a la libre circulación (Art. 19) y a disfrutar del medio ambiente (Art. 45), derechos fundamentales que se violan con la usurpación de los caminos.

Precisamente en Constantina, Sierra Norte de Sevilla, el Ayun­tamiento ha cerrado el acceso a un monte público todo el año, con la excusa de que es peligroso pasear por la presencia de cazadores. Es a éstos a los se que ha ‘entregado’ el disfrute de ese patrimonio.

Abrir el paso de los caminos

“El corazón nos pide usar los alicates”, reconoce Flores. Se refiere a una de las primeras acciones en Andalucía, donde decenas de personas atravesaron una finca donde se habían cerrado los caminos públicos que la atravesaban, en Lugros, Granada, gracias al corte de la alambrada. De entonces, hay pendiente una multa de 3.000 euros y la imputación penal de seis personas, entre ellas el alcalde de Lugros. En esa lucha están también el club de montaña Elbruz y la asociación senderista de El Batolito (Sevilla).

 En Córdoba nació otra organización pionera que integra la plataforma: “A Desalambrar surge en 2001 formada por grupos senderistas, ciclistas y ecologistas preocupados por el masivo cierre de caminos. De 67 caminos públicos en la Sierra de Córdoba capital, 44 están cortados total o parcialmente.

En otros pueblos del norte, la situación es peor, conmunicipios con un 80% de caminos cerrados”, afirma Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, que ha conseguido movilizar en la última manifestación a más de 2.000 personas y que el Ayuntamiento de Córdoba esté a punto de aprobar un inventario de caminos públicos.

Extremadura, donde se repite la misma práctica, es la única Comunidad Autónoma que tiene una legislación de caminos públicos y ha inventariado sus vías, en todos sus municipios. Éste es el método para registrarlos e impedir que los propietarios de las tierras los usurpen e impidan la libre circulación.

En Salamanca también existe una asociación contra el cierre de nuestros caminos. “Los caminos que no se quedan los caciques se los comen las zarzas”, dice Vicente García presidente de la asociación Trochas Viejas. El cierre de caminos en el pequeño municipio de Martinamor llevó al secretario de este grupo, Jesús Cabanillas, a crear la asociación en 2009 y hacer un estudio de los caminos de su pueblo. Varios estaban cerrados. Después organizaron unas jornadas para debatir sobre este patrimonio público y hoy siguen en la misma lucha dentro de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. “Vivo en Béjar y tampoco allí tenemos apoyo local y por eso nuestro fuerza esta en la unión con las organizaciones que componen la plataforma” afirma García.

Un camino con historia

La foto cartográfica del vuelo americano de 1956, una guía de viajes a caballo por la sierra de Segovia de los ingenieros Breñosa y Castellarnau  o un documento de la guerra civil ha servido a Ecologistas en Acción de Segovia para revindicar otro camino cortado en una gran finca de caza, La Sauca, propiedad de los descendientes del general Martínez Campos. Camino público que reconocen haber recorrido muchos mayores de la zona y cuyo testimonio será decisivo ante los tribunales que tienen que decidir sobre la  titularidad del mismo. Antes, los activistas segovianos han llevado a cabo varias marchas revindicativas por el camino de La Pedrona, en las dos últimas, 2009, con casi 300 personas, y 2010, más de 200, pasaron arrastrándose por debajo de la valla que cierra el camino ante la presencia de la Guardia Civil y los propietarios de la finca.

Valle de Manzanedo

Pero el cierre de caminos va más allá. En el Valle de Manzanedo, municipio formado por 16 pequeños pueblos, en Burgos, y con 140 vecinos censados, se han cerrado dos pueblos enteros y todos sus caminos. “Fuente Humorera y Rioseco están cercados. Alfonso Pérez-Andújar Escudero, un empresario ganadero, que fue uno de los dueños de Clesa ha cerrado 800 hectáreas con una alambrada de 2 metros de altura y dentro se encuentran dos pueblos ahora ‘de su propiedad’. Es una tercera parte del municipio. Una barbaridad”, dice Jesús Pitarque, que inició la lucha por la apertura de los caminos públicos del Valle de Manzanedo junto a otras personas y crearon la Asociación Rus Redire (volver al campo) en 2010 de la que es presidente.

“Este señor compró a otro propietario las tierras; un funcionario de la Consejería de Agricultura de Castilla y León que se hizo (gratis) con muchas fincas y formó un gran coto con tierras abandonadas que no estaban registradas. En esta zona, el campo era de subsistencia y ­en los ’50 se abandonó”, aclara Pitarque. Al parecer el funcionario de Agricultura llevó a cabo una escrituración fraudulenta de decenas de terrenos abandonados, un sistema de matriculación de fincas cuya propiedad no estaba registrada, pero que sí tenían dueños.

Rodeados por una valla quedan ahora Fuente Humorera, donde el terrateniente “ha derruido todas las casas antiguas y se ha construido una gran mansión con todos los lujos imaginables. En este pueblo quedan las ruinas de la vieja iglesia románica de San Román. Ahora las calles no aparecen en ningún plano”, explica Pitarque que ha creado una web  y cinco blogs que informan del robo de este patrimonio público con la connivencia del Ayuntamiento de Valle de Manzanedo que permutó los caminos públicos para entregárselos al nuevo cacique. En Rioseco se encuentran todavía algunas infraestructuras: calles, alumbrado…y el terrateniente ha instalado una granja de cabras y una fábrica de quesos que se anuncia como ecológica, en la que era la granja de un monasterio cuyas bellas ruinas siguen en pie.

También en el Valle de Manzanedo, en la comarca  de Las Merindades, otros propietarios, que figuran como inmobiliaria Gesnor han cerrado los caminos con vallas y candados en la zona de El Hayadal, entre ellos el Sendero Natural del Ebro GR99 e incluso dos puentes sobre el río Ebro tienen verjas de hierro que impiden el paso.

La lucha durante años de Pitarque y los integrantes de la Asociación Rus Redire no ha parado, llegaron a presentar 400 alegaciones contra el cierre de caminos, entre otras iniciativas. Además, El procurador del Común ha dictado varias resoluciones y finalmente ha intervenido la Junta de Castilla y León declarando nulo el convenio del propietario y el Ayun­tamiento del Valle de Manza­nedo (PSOE), que en mayo desafectó e iba a permutar los caminos de Fuente Humorera y Rioseco para entregarlos definitivamente al dueño de los terrenos. Pero a día de hoy “los caminos siguen cerrados. Aquí nadie hace nada.”, denuncia Pitarque.

“Somos camineros”

La Sociedad Caminera del Real de Manzanares también integra la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. Su ámbito de actuación está en la provincia de Madrid. Ricardo Roquero es el portavoz y se declara caminero: “Nosotros defendemos la caminería, somos camineros concienciados. Desde el primer Congreso de la Caminería se definió ésta como la suma del camino, caminante y entorno. Eso significa que no vamos a ciegas por los caminos, que los pisamos en compañía de otras personas, y esas personas nos interesan tanto como el camino y ese entorno y medio cultural e histórico”. Roquero reivindica el compromiso desde los caminos y apunta que vivimos en un momento de privatización, de pérdida de nuestro patrimonio donde se enclava también la defensa de los caminos públicos. Su asociación ha conseguido que el Ayuntamiento de Torrelodones abra el camino de El Pardillo cerrado por un propietario.

Los costes políticos de sostener el euro para las izquierdas

Por Vicenç Navarro

Este artículo señala que la construcción del euro fue parte de un proyecto político, que está siendo ampliamente exitoso, liderado por el mundo empresarial (tanto financiero como industrial) para debilitar al mundo del trabajo y a la Europa social que este creó. La complicidad de las izquierdas gobernantes en este proyecto explica su enorme descrédito.

No hay plena conciencia entre la mayoría de las izquierdas en nuestro país de que el establecimiento del euro respondió a un proyecto de debilitar, por todos los medios posibles, al mundo del trabajo y al modelo social que este mundo estableció y que había convertido a Europa en un punto de referencia internacional para todas las fuerzas progresistas del mundo. Este proyecto ha sido altamente exitoso, como lo muestra que el mundo empresarial (tanto el financiero como el industrial) está consiguiendo todo lo que ha deseado desde hace mucho tiempo. Hoy los gobiernos están forzando la bajada de salarios, el aumento del desempleo, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de las pensiones y de los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, y otros. Todas estas medidas se han realizado bajo el mandato de las instituciones que gobiernan el euro, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el gobierno alemán, instituciones todas ellas de sensibilidad ultraliberal y que utilizan los instrumentos financieros que tienen a su disposición para imponer tales políticas neoliberales. Que esto es así es obvio. Y la evidencia empírica que avala tal interpretación de lo que está ocurriendo en Europa es abrumadora. Ni que decir tiene que los mayores medios de información, controlados por tales intereses empresariales, ocultan esta realidad.

Encontramos múltiples ejemplos de esta instrumentalización. Veamos uno de los casos más recientes. Hace unos meses se aprobó el presupuesto plurianual de la Unión Europea, dentro de las normas establecidas para la preparación de presupuestos en los próximos siete años (sí, leyó bien, siete años). En estas normativas, escritas en letra pequeña, se indica que cualquier transferencia de fondos (que se definen como “ayuda”) a autoridades municipales, regionales o nacionales (es lo que el lector ha podido ver en las pancartas de su ayuntamiento o comunidad autónoma, en la que se indica que el proyecto se ha financiado con fondos de la UE, con la bandera de estrellas en lugar prominente) está condicionada a que el gobierno del país se comprometa a seguir las políticas macroeconómicas neoliberales (que no tienen nada que ver con el proyecto financiado) que incluyen la retahíla de medidas que mencioné antes. Y estas medidas macroeconómicas las dicta y las supervisa la Comisión Europea, el grupo de tecnócratas que nadie ha elegido y que, en su mayoría, son de persuasión ultraliberal. En otras palabras, la Comisión Europea le dirá al gobierno español “usted no puede apoyar con fondos europeos la construcción, por ejemplo, de un hospital en Girona, a no ser que usted, gobierno de Madrid, se haya comprometido a bajar los salarios del país”.

El gobierno que ha promovido este sistema (y que tiene una enorme influencia en la Comisión Europea) es el gobierno alemán, máximo sostenedor de las políticas de austeridad hoy en la UE y en la Eurozona. Y lamento decirle que usted, ciudadano español, no tiene ninguna voz o posibilidad de cambiar esto, a no ser que se movilice para que España salga de este sistema que tiene al país estancado. Por cierto, parte de estos fondos vienen de su bolsillo, reciclados a través de la siempre presente Comisión Europea. Y me sabe mal informarle también que el Parlamento Europeo no pinta nada en esto. Ni tampoco puede hacer nada. En realidad, intentó hacer algo, pero no le dejaron. Había propuesto que los países pudieran utilizar fondos de la UE que estuvieran catalogados como inversiones para estimular el crecimiento, y también sugirió que en el cálculo del déficit público se separara el gasto en inversiones del gasto en consumo. Pero todo sigue como la Comisión decidió. ¿Lo entiende? Y mientras, se define como extremistas a aquellos que quieren salirse del sistema por considerar el cambio dentro del euro como imposible.

Los costes políticos del euro para las izquierdas

Una característica de nuestros tiempos es el enorme descrédito de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea. De nuevo, los números hablan por sí mismos. El descenso de su apoyo electoral (sobre todo entre las clases populares) ha sido enorme. Y el número de militantes ha bajado espectacularmente. Como decía un observador, con gran agudeza política, “los militantes de tales partidos se han reducido a personas con cargos políticos, y a personas que esperan poder tener cargos políticos”. Aun cuando esta frase tiene un componente simplificador e injusto, lo cierto es que tales partidos han perdido a las personas más comprometidas ideológicamente con el socialismo, teniendo hoy muy poca capacidad de movilización.

Este descrédito se debe precisamente a su complicidad en establecer tal sistema de gobierno del euro. De nuevo, la evidencia que avala esta tesis es robusta. Es cierto que hay intentos de cambiar tal sistema de gobierno, esfuerzo al que se le añaden los partidos políticos más a la izquierda que la socialdemocracia. Pero este intento de reformar el sistema de gobierno asume que tal sistema es reformable, es decir, que puede cambiar para que sirva al mundo del trabajo, que constituye la mayoría de las clases populares. La evidencia, sin embargo, parece cuestionar que ello sea posible. El caso citado anteriormente así lo señala.

La protesta generalizada y el hartazgo popular hacia esta Europa

Está también claro que el hartazgo de las clases populares de la Unión Europea hacia tal entidad política está alcanzando niveles amenazadores para la reproducción de tal sistema de gobierno. Y es lógico que tal hartazgo lo lideren aquellas fuerzas políticas que cuestionan más radicalmente la existencia del euro y de la Unión Europea. El crecimiento de los partidos de la ultraderecha a nivel de Europa es un indicador de ello. Su éxito se basa en su radicalismo en contra de lo que llaman “las élites tecnócratas que roban el poder nacional” (acusación que es difícil desmentir), proponiendo la salida del euro y de la UE. En cierta manera, su éxito se debe al fracaso de las izquierdas en entender y responder al enfado de las clases populares hacia esta Europa, la Europa que de sueño democrático y social se ha convertido en pesadilla antisocial y antidemocrática. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que las izquierdas entiendan que esta Europa no es cambiable y que otra Europa es posible?

 Fuente: http://www.publico.es/

La alimentación es un derecho humano

Un informe del relator de la ONU nos muestra cuál ha sido la evolución del derecho humano a la alimentación durante los últimos 10 años. En este informe ofrece conclusiones sobre cómo se debe actuar para que este derecho sea real y cómo deben actuar los organismos.

 

Un experto independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) explica que la alimentación es un derecho humano y todos los que participan en la oferta mundial alimentaria tienen la responsabilidad de facilitar poder ejercer el derecho. Olivier De Schutter, relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, insta a los gobiernos a incluir políticas alimentarias en los sistemas jurídicos, esta recomendación se realiza coincidiendo con el lanzamiento del informe en el que se muestra una evaluación del progreso del derecho a la alimentación en la última década.

Este relator ya ha sido protagonista de otras propuestas, recordemos que en el año 2011 Olivier De Schutter recomendaba utilizar la ecoagricultura como la opción más acertada, saludable y respetuosa con el medio ambiente, además de rentable. Tras realizar varios exámenes sobre las publicaciones científicas, su conclusión era que este modelo de alimentación podría garantizar el abastecimiento alimentario mundial en las próximas décadas, concluía que este modo de desarrollo agrícola se conecta a la perfección con el derecho a la alimentación de los países en vías de desarrollo, de todo ello hablábamos en el post La ONU aconseja la ecoagricultura. Olivier De Schutter vuelve a la carga y quiere mostrarnos cuál ha sido la evolución de este derecho durante los últimos 10 años.

Para el relator es necesario que la alimentación sea un derecho legal, en su exposición durante la Asamblea General de la ONU realizada el pasado 25 de octubre, planteó varias preguntas a los asistentes, ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación?, ¿se hace lo necesario para que la alimentación sea un derecho legal?, ¿la industria alimentaria y los operadores relacionados contribuyen al ejercicio de este derecho?

El derecho a una alimentación adecuada y digna como un derecho humano no es una novedad, fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente fue reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otros instrumentos internacionales también han recogido este derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El derecho a la alimentación está reconocido por otros instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, o el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África.

El derecho a una alimentación tiene un interés renovado, muchos países, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996, se comprometieron a esclarecer este derecho, así como el derecho a no sufrir hambre. Se ha tratado en varias ocasiones el tema, pero se puede decir que las actuaciones han sido limitadas y los resultados deprimentes. Bajo estas líneas podéis ver una infografía del informe ‘El ejercicio del derecho a la alimentación: un proceso de múltiples actores‘, en el que se muestran varios fallos judiciales relacionados con este derecho.

El tratamiento de los alimentos como un derecho humano aporta coherencia y rendición de cuentas, esto ayuda a cerrar brechas facilitando la seguridad alimentaria a la población en la toma de decisiones de quienes están en la parte superior de la pirámide, los que tienen el control del sistema alimentario. Para el relator se han realizado importantes avances en el reconocimiento del derecho a la alimentación en la última década, algo necesario para garantizar el éxito de las estrategias en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, aclara que a menudo, se trabaja bajo la idea errónea de que el derecho a la alimentación no es como otros derechos, libertad de expresión, políticos, derecho a una vivienda digna, a recibir protección social, etc. Este derecho debe ser obligatorio y legitimado en los tribunales para que pueda dar sus frutos.

En el informe que podéis leer aquí, proporciona una serie de conclusiones sobre cómo deben actuar la política, los operadores alimentarios, los movimientos sociales, el sistema jurídico o la FAO, para que se pueda alcanzar la plena realización de este derecho. El relator explica que debe ser un derecho humano jurídicamente vinculante y se ha de trabajar más en ello, os recomendamos leer el informe, no tiene desperdicio.

Fuente: http://www.gastronomiaycia.com/

El problema es mucho mayor que el 1%

Por Vicenç Navarro

Existe hoy en amplios sectores de las fuerzas progresistas del país una postura ampliamente compartida entre sus movimientos políticos y sociales que asume que el capitalismo ha variado de tal manera que ha hecho irrelevantes los esquemas utilizados en el discurso político tradicional de las izquierdas (tales como la existencia de izquierdas versus derechas) o en el análisis social (tales como la existencia de clases y de la lucha de clases). Términos como burguesía, pequeña burguesía y clases trabajadoras han desaparecido en la narrativa de esta nueva postura. En su lugar, la lucha es entre la gran mayoría (el 99%) de la población y el 1%, que es, supuestamente, el que controla los hilos de la estructura financiera, económica y mediática del país. Esta nueva teoría se ha importado de EEUU, donde el movimiento Occupy Wall Street se hizo famoso por utilizar esta figura, el 1%, como el responsable de la crisis y continuo deterioro de la calidad de vida y bienestar de la gran mayoría de la ciudadanía.

Este 1% es lo que solía llamarse la clase capitalista e incluye el sector sumamente minoritario de la población que consigue sus ingresos de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, resultado de su control de los medios financieros, de producción, de información, difusión y persuasión, conseguido con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado la enorme concentración de las rentas. En EEUU este 1% poseía en 2008 el 28% de la renta nacional. Es probable que este porcentaje en España, incluyendo Catalunya, sea incluso mayor.

Ahora bien, esta teoría que asume que la lucha de clases se ha sustituido por la lucha del 99% frente al 1% es insuficiente y puede llegar, como ya está ocurriendo, a la inoperancia, tal como le ha ocurrido al movimiento Occupy Wall Street. En realidad, si el adversario fuera solo un 1%, la tarea transformadora de nuestras sociedades sería mucho más fácil. Como decía un compañero sindicalista estadounidense “firmaría enseguida si la realidad fuera tan sencilla”. Pero no lo es. Y el proyecto transformador es mucho más difícil que la existencia del 1%.

Y la mayor causa de ello es que este 1% tiene como aliados, al menos, otro 9%, un porcentaje clave para la reproducción del dominio y explotación de la mayoría a costa de este 1%, y cuyos intereses están intrínsecamente ligados a los del 1%. En terminología clásica, no son capitalistas, pero reproducen el sistema capitalista con el cual están intrínsecamente ligados. En realidad, en otro sistema más sensible a las necesidades de la mayoría de la población, no existiría este 9%.

Me estoy refiriendo a todos aquellos que gestionan las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico, mediático y político, incluyendo el poder de reproducir los valores, la ideología dominante y la promoción de imágenes, todo ello esencial y básico para la reproducción del sistema, tan o más importante que las instituciones de control y represión. Creerse que este sector es parte del 99% es erróneo y puede crear una enorme confusión. Asumir, por ejemplo, que grandes gurús mediáticos (y yo podría poner una larga lista de nombres, tanto aquí en Catalunya, como en el resto de España) son parte del 99% es estar equivocado. Su función es la de sostener el poder de este 1%. Y lo hacen exitosamente.

Es este 10% (1% + 9%) el que se ha beneficiado enormemente del incremento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. En EEUU este 10% alcanzó a tener el 52% de todas las rentas en 2008, mientras el 90% restante tenía el 48%. Lo cual me lleva a subrayar la enorme importancia de continuar utilizando las categorías de poder como clase social, categoría que ha sido deliberadamente ocultada en el lenguaje oficial y apenas utilizada incluso por las izquierdas. Y este ocultamiento, signo en sí del enorme poder del 1% (de la clase capitalista), tiene como objetivo silenciar la lucha de clases. A fin de evitarlo, se presenta una sociedad, que objetivamente está estructurada en clases sociales, como una sociedad de clases medias (que incluye desde el que es casi rico al que es casi pobre, es decir, la gran mayoría de la ciudadanía).

Pero los datos y la realidad están ahí para todo el que quiera verlos. Venga a Barcelona y paséese por la ciudad. Y verá que hay barrios burgueses, barrios pequeño burgueses, barrios de clase media y barrios de clase trabajadora. Poner toda esta variedad bajo la categoría del 99% imposibilita entender las necesidades que tiene cada clase social y sus distintos niveles de compromiso en un proyecto transformador. De la misma manera que la explotación de género configura un grado diferencial de exigencia de cambio, la explotación del mundo trabajador es distinta a la del pequeño burgués (que puede estar explotado, por cierto, por el burgués), lo cual niega estrategias distintas de transformación.

La evolución del capitalismo ha ido favoreciendo las alianzas de estos proyectos de transformación. Así, la pérdida reciente de autonomía de las clases profesionales y el deterioro de sus condiciones de trabajo (lo que solía llamarse “la proletarización de los profesionales”) han hecho que amplios grupos de estos profesionales sean más afines y apoyen proyectos más transformadores, incluso radicales. En EEUU, la Asociación de Cirujanos, uno de los grupos más conservadores de la profesión médica, está apoyando la propuesta de reforma sanitaria de las izquierdas (el Single Payer), que eliminaría las compañías de seguros privados en la gestión y financiación del sistema sanitario.

Esta evolución facilita el establecimiento de amplias alianzas en las que el conflicto de intereses no es solo entre la clase trabajadora y la burguesía (que continúa existiendo), sino entre una mayoría de la población (alianza de las clases medias y de la clase trabajadora) y una minoría (el 10%) que domina y gobierna el mundo financiero, económico, mediático y político del país. Ignorar la existencia de clases (poniéndolas a todas –excepto los ricos y pobres- bajo la categoría de clases medias) y sus distintos intereses, ha llevado al movimiento Occupy Wall Street a limitar su influencia política, pues ha dejado de lado al grupo social, la clase trabajadora, que padece más la explotación y represión y que tiene mayor motivación para el cambio. 

El hecho de que las izquierdas no hablen de ello y hayan abandonado el análisis y narrativa de clases sociales, contribuye más y más al distanciamiento y alienación de las clases populares, incluyendo la clase trabajadora, hacia los partidos de izquierda, sustituyendo su apoyo a estos partidos con apoyos a partidos y voces radicales, incluso de carácter fascista y chauvinista, que llenan el vacío que tales partidos de izquierda crearon.

Fuente: http://www.publico.es/

Crece una nueva clase social en Europa: la del trabajador pobre

 Según el informe de la Cruz Roja sobre el impacto humanitario de la crisis en Europa, el trabajo ya no es una garantía a la hora de eludir la pobreza y el 8,9% de los europeos con trabajo están bajo el umbral de la pobreza. Las clases medias están disminuyendo a favor de las bajas e incluso en Alemania 5,5 millones de personas han perdido su condición de clase media, mientras que medio millón se han unido a la de los millonarios. 

 

Una de las mayores preocupaciones de los resultados del estudio efectuado por Cruz Roja sobre el Impacto humanitario de la crisis en Europa es el surgimiento de una nueva modalidad de pobre: “el trabajador pobre”, que es la persona que trabajando más de la mitad del año, gana menos del 60% de la renta media nacional. Por poner un ejemplo, la cuarta parte de los beneficiarios de asistencia social en Francia son pensionistas o tienen alguna clase de ingreso. Esto quiere decir que el empleo ya no es una garantía para eludir una situación de pobreza y de hecho, en 2011, el 8,9% de las personas con empleo en la UE vivían por debajo del umbral de la pobreza.

Otros nuevos grupos más o menos vulnerables son los padres solteros o divorciados, los estudiantes, las familias con niños pequeños, las personas que pierden su trabajo o su empresa y las familias donde sólo un miembro trabaja. El informe también advierte sobre el aumento del riesgo de exclusión en casos de baja educación – lo que multiplica por cinco el riesgo de pobreza –, mientras que tener un trabajo de media jornada o llevar en el trabajo menos de un año lo multiplica por dos. Ser joven también aumenta el riesgo, al igual que pertenecer a un hogar monoparental, ser trabajador por cuenta propia o vivir en un entorno rural.

Pérdida de las clases medias

 

Este nuevo perfil social se da en los Balcanes, en Francia, Italia, Portugal y España e incluso en Alemania, donde cerca de 600.000 personas con trabajo tuvieron que pedir ayudas para pagar sus facturas y 1,3 millones de personas con trabajo no ganan lo suficiente para vivir por su cuenta. Estas personas se ven perjudicadas por un contexto en el que la inflación sube por encima de los salarios, especialmente en alimentos y energía. El informe menciona el caso de España, donde los precios de la energía aumentaron en un 50% en los últimos años.

El problema de estas familias es que viven a diario y carecen de ahorros para cualquier clase de contingencia. En España, tres cuartas partes de las familias atendidas por Cruz Roja – 2,4 millones – serían incapaces de hacer frente a un gasto inesperado de 600 euros y en Hungría, el 80% de la clase media carece de ahorros.

Además, las clases medias están tendiendo a desaparecer y en Rumanía, del 20% de la población han pasado a ser el 10%, lo mismo que en Croacia y Servia. Incluso en Alemania la clase media ha pasado de ser el 65% de la población en 1997 al 58% en 2012, lo cual implica que 5,5 millones de personas dejaron de ser clase media. Durante este mismo tiempo, medio millón de nuevos miembros se unieron a las filas de los millonarios.

Ansiedad y problemas sociales

 

Esta situación de vulnerabilidad de las nuevas clases sociales europeas, donde varias personas dependen de uno de sus miembros o el trabajo propio resulta insuficiente para subsistir genera multitud de problemas psicosociales. Según explica el estudio muchos de los nuevos pobres se avergüenzan de su nueva situación y tratan de ocultarla, autoimponiéndose una cierta exclusión social. Durante la crisis de Chipre, por ejemplo, la Cruz Roja pudo comprobar cómo muchas personas llegaban a los centros de ayuda conduciendo coches caros.

En general, la crisis ha generado problemas de salud al conectar la desnutrición con la depresión por situaciones de pobreza y desempleo y la insalubridad cuando se dan situaciones de pobreza real. La tasa de suicidios ha aumentado, al igual que la violencia y la drogadicción y esto ocurre al mismo tiempo en que los estados reducen sus presupuestos de bienestar social y atención sanitaria.

Reducción de gastos sanitarios

 

Dentro de la lista de los países que han recortado sus presupuestos sanitarios, España ocupa el puesto catorce en 2010 y el décimo en 2011, tras países como Alemania, Grecia, Irlanda, Holanda, Portugal y Eslovaquia, y por delante del Reino Unido.

Grecia es un buen ejemplo de los recortes ya que en este país, más de la mitad de los desempleados ya no tienen seguro médico y son atendidos por fundaciones sin ánimo de lucro. La tasa de suicidio ha crecido en un 40% entre enero y mayo de 2011 y la tasa de suicidios en mujeres se ha incrementado al doble.

El Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar de Finlandia ha seguido sistemáticamente a los niños nacidos en 1987, hasta su 21 cumpleaños en 2008. Se les conoce como los ‘hijos de la recesión’ porque han vivido la crisis que Finlandia pasó en la década de los noventa. Según este seguimiento, uno de cada cinco ha recibido tratamiento psiquiátrico o consumido fármacos para distintos trastornos. También han mostrado síntomas tardíos de la angustia de sus padres cuando tenían que luchar contra la crisis hace veinte años.