viernes, 15 de noviembre de 2013

Los costes políticos de sostener el euro para las izquierdas

Por Vicenç Navarro

Este artículo señala que la construcción del euro fue parte de un proyecto político, que está siendo ampliamente exitoso, liderado por el mundo empresarial (tanto financiero como industrial) para debilitar al mundo del trabajo y a la Europa social que este creó. La complicidad de las izquierdas gobernantes en este proyecto explica su enorme descrédito.


No hay plena conciencia entre la mayoría de las izquierdas en nuestro país de que el establecimiento del euro respondió a un proyecto de debilitar, por todos los medios posibles, al mundo del trabajo y al modelo social que este mundo estableció y que había convertido a Europa en un punto de referencia internacional para todas las fuerzas progresistas del mundo. Este proyecto ha sido altamente exitoso, como lo muestra que el mundo empresarial (tanto el financiero como el industrial) está consiguiendo todo lo que ha deseado desde hace mucho tiempo. Hoy los gobiernos están forzando la bajada de salarios, el aumento del desempleo, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de las pensiones y de los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, y otros. Todas estas medidas se han realizado bajo el mandato de las instituciones que gobiernan el euro, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el gobierno alemán, instituciones todas ellas de sensibilidad ultraliberal y que utilizan los instrumentos financieros que tienen a su disposición para imponer tales políticas neoliberales. Que esto es así es obvio. Y la evidencia empírica que avala tal interpretación de lo que está ocurriendo en Europa es abrumadora. Ni que decir tiene que los mayores medios de información, controlados por tales intereses empresariales, ocultan esta realidad.

Encontramos múltiples ejemplos de esta instrumentalización. Veamos uno de los casos más recientes. Hace unos meses se aprobó el presupuesto plurianual de la Unión Europea, dentro de las normas establecidas para la preparación de presupuestos en los próximos siete años (sí, leyó bien, siete años). En estas normativas, escritas en letra pequeña, se indica que cualquier transferencia de fondos (que se definen como “ayuda”) a autoridades municipales, regionales o nacionales (es lo que el lector ha podido ver en las pancartas de su ayuntamiento o comunidad autónoma, en la que se indica que el proyecto se ha financiado con fondos de la UE, con la bandera de estrellas en lugar prominente) está condicionada a que el gobierno del país se comprometa a seguir las políticas macroeconómicas neoliberales (que no tienen nada que ver con el proyecto financiado) que incluyen la retahíla de medidas que mencioné antes. Y estas medidas macroeconómicas las dicta y las supervisa la Comisión Europea, el grupo de tecnócratas que nadie ha elegido y que, en su mayoría, son de persuasión ultraliberal. En otras palabras, la Comisión Europea le dirá al gobierno español “usted no puede apoyar con fondos europeos la construcción, por ejemplo, de un hospital en Girona, a no ser que usted, gobierno de Madrid, se haya comprometido a bajar los salarios del país”.

El gobierno que ha promovido este sistema (y que tiene una enorme influencia en la Comisión Europea) es el gobierno alemán, máximo sostenedor de las políticas de austeridad hoy en la UE y en la Eurozona. Y lamento decirle que usted, ciudadano español, no tiene ninguna voz o posibilidad de cambiar esto, a no ser que se movilice para que España salga de este sistema que tiene al país estancado. Por cierto, parte de estos fondos vienen de su bolsillo, reciclados a través de la siempre presente Comisión Europea. Y me sabe mal informarle también que el Parlamento Europeo no pinta nada en esto. Ni tampoco puede hacer nada. En realidad, intentó hacer algo, pero no le dejaron. Había propuesto que los países pudieran utilizar fondos de la UE que estuvieran catalogados como inversiones para estimular el crecimiento, y también sugirió que en el cálculo del déficit público se separara el gasto en inversiones del gasto en consumo. Pero todo sigue como la Comisión decidió. ¿Lo entiende? Y mientras, se define como extremistas a aquellos que quieren salirse del sistema por considerar el cambio dentro del euro como imposible.

Los costes políticos del euro para las izquierdas

Una característica de nuestros tiempos es el enorme descrédito de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea. De nuevo, los números hablan por sí mismos. El descenso de su apoyo electoral (sobre todo entre las clases populares) ha sido enorme. Y el número de militantes ha bajado espectacularmente. Como decía un observador, con gran agudeza política, “los militantes de tales partidos se han reducido a personas con cargos políticos, y a personas que esperan poder tener cargos políticos”. Aun cuando esta frase tiene un componente simplificador e injusto, lo cierto es que tales partidos han perdido a las personas más comprometidas ideológicamente con el socialismo, teniendo hoy muy poca capacidad de movilización.

Este descrédito se debe precisamente a su complicidad en establecer tal sistema de gobierno del euro. De nuevo, la evidencia que avala esta tesis es robusta. Es cierto que hay intentos de cambiar tal sistema de gobierno, esfuerzo al que se le añaden los partidos políticos más a la izquierda que la socialdemocracia. Pero este intento de reformar el sistema de gobierno asume que tal sistema es reformable, es decir, que puede cambiar para que sirva al mundo del trabajo, que constituye la mayoría de las clases populares. La evidencia, sin embargo, parece cuestionar que ello sea posible. El caso citado anteriormente así lo señala.
La protesta generalizada y el hartazgo popular hacia esta Europa

Está también claro que el hartazgo de las clases populares de la Unión Europea hacia tal entidad política está alcanzando niveles amenazadores para la reproducción de tal sistema de gobierno. Y es lógico que tal hartazgo lo lideren aquellas fuerzas políticas que cuestionan más radicalmente la existencia del euro y de la Unión Europea. El crecimiento de los partidos de la ultraderecha a nivel de Europa es un indicador de ello. Su éxito se basa en su radicalismo en contra de lo que llaman “las élites tecnócratas que roban el poder nacional” (acusación que es difícil desmentir), proponiendo la salida del euro y de la UE. En cierta manera, su éxito se debe al fracaso de las izquierdas en entender y responder al enfado de las clases populares hacia esta Europa, la Europa que de sueño democrático y social se ha convertido en pesadilla antisocial y antidemocrática. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que las izquierdas entiendan que esta Europa no es cambiable y que otra Europa es posible?

lunes, 11 de noviembre de 2013

La alimentación es un derecho humano

Un informe del relator de la ONU nos muestra cuál ha sido la evolución del derecho humano a la alimentación durante los últimos 10 años. En este informe ofrece conclusiones sobre cómo se debe actuar para que este derecho sea real y cómo deben actuar los organismos.

 Informe de Olivier De Schutter sobre el derecho a la alimentacfión


Un experto independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) explica que la alimentación es un derecho humano y todos los que participan en la oferta mundial alimentaria tienen la responsabilidad de facilitar poder ejercer el derecho. Olivier De Schutter, relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, insta a los gobiernos a incluir políticas alimentarias en los sistemas jurídicos, esta recomendación se realiza coincidiendo con el lanzamiento del informe en el que se muestra una evaluación del progreso del derecho a la alimentación en la última década.

Este relator ya ha sido protagonista de otras propuestas, recordemos que en el año 2011 Olivier De Schutter recomendaba utilizar la ecoagricultura como la opción más acertada, saludable y respetuosa con el medio ambiente, además de rentable. Tras realizar varios exámenes sobre las publicaciones científicas, su conclusión era que este modelo de alimentación podría garantizar el abastecimiento alimentario mundial en las próximas décadas, concluía que este modo de desarrollo agrícola se conecta a la perfección con el derecho a la alimentación de los países en vías de desarrollo, de todo ello hablábamos en el post La ONU aconseja la ecoagricultura. Olivier De Schutter vuelve a la carga y quiere mostrarnos cuál ha sido la evolución de este derecho durante los últimos 10 años.

Para el relator es necesario que la alimentación sea un derecho legal, en su exposición durante la Asamblea General de la ONU realizada el pasado 25 de octubre, planteó varias preguntas a los asistentes, ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación?, ¿se hace lo necesario para que la alimentación sea un derecho legal?, ¿la industria alimentaria y los operadores relacionados contribuyen al ejercicio de este derecho?

El derecho a una alimentación adecuada y digna como un derecho humano no es una novedad, fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente fue reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otros instrumentos internacionales también han recogido este derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El derecho a la alimentación está reconocido por otros instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, o el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África.

El derecho a una alimentación tiene un interés renovado, muchos países, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996, se comprometieron a esclarecer este derecho, así como el derecho a no sufrir hambre. Se ha tratado en varias ocasiones el tema, pero se puede decir que las actuaciones han sido limitadas y los resultados deprimentes. Bajo estas líneas podéis ver una infografía del informe ‘El ejercicio del derecho a la alimentación: un proceso de múltiples actores‘, en el que se muestran varios fallos judiciales relacionados con este derecho.

El tratamiento de los alimentos como un derecho humano aporta coherencia y rendición de cuentas, esto ayuda a cerrar brechas facilitando la seguridad alimentaria a la población en la toma de decisiones de quienes están en la parte superior de la pirámide, los que tienen el control del sistema alimentario. Para el relator se han realizado importantes avances en el reconocimiento del derecho a la alimentación en la última década, algo necesario para garantizar el éxito de las estrategias en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, aclara que a menudo, se trabaja bajo la idea errónea de que el derecho a la alimentación no es como otros derechos, libertad de expresión, políticos, derecho a una vivienda digna, a recibir protección social, etc. Este derecho debe ser obligatorio y legitimado en los tribunales para que pueda dar sus frutos.

En el informe que podéis leer aquí, proporciona una serie de conclusiones sobre cómo deben actuar la política, los operadores alimentarios, los movimientos sociales, el sistema jurídico o la FAO, para que se pueda alcanzar la plena realización de este derecho. El relator explica que debe ser un derecho humano jurídicamente vinculante y se ha de trabajar más en ello, os recomendamos leer el informe, no tiene desperdicio.