Por Sara Porras Sánchez
Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular hemos asistido a un
ataque sistemático sobre todos nuestros derechos. La reforma
constitucional llevada a cabo por el PSOE y por el PP en su artículo
135, por el que nos condenaban al pago de la deuda por encima del
mantenimiento del estado social, era sólo la antesala de estos dos
terribles años.
En estos dos años hemos visto cómo nos privatizan hospitales,
eliminan el endeble sistema de atención a la dependencia y privatizan
—mediante la imposición de tasas impagables— las universidades
españolas. Un ataque en lo social pero también un ataque en nuestros
derechos civiles. La ya conocida como Ley Mordaza, la reforma del código
penal o la privatización progresiva de la seguridad —con la
modificación y ampliación de la funciones de la seguridad privada— son
claros ejemplos del proceso destituyente que venimos sufriendo. Llamo
proceso destituyente al que tiene como fin la modificación y destrucción
de todos los consensos políticos y sociales que nos asistían, se trata
de convertir a España en un país periférico y dependiente de una Europa
depredadora, que hace ya tiempo renunció a ondear la bandera de las
libertades para situarse cómodamente como una extensión de los intereses
de los consejos de administración de las grandes empresas. Así nos
bajan los salarios y abaratan nuestros despidos, mientras suben las
facturas de la luz y el precio de los medicamentos. En un país donde el
presidente de Iberdrola gana 7 millones de euros anuales todavía
continúan insistiendo en que somos nosotras las que hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades.
Unido a este proceso de expolio y empobrecimiento generalizado las
mujeres estamos afrontando los mayores ataques contra nuestros derechos
desde el pacto de la transición. Y el mayor de ellos, sin duda, han sido
las constantes amenazas que el partido en el gobierno ha hecho sobre la
eliminación de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y
nuestra maternidad. Amenazas que, tristemente, parece que se
materializarán hoy en el, ya temible, consejo de ministros.
El control de los cuerpos de las mujeres es una herramienta de
dominación esencial del modelo patriarcal y una de sus manifestaciones
más evidentes es el control de la natalidad de las mujeres, pues —y
utilizando la metáfora de Silvia Federicci— el cuerpo de las mujeres se
convierte en un proceso de acumulación originaria infinito consistente
en la creación de mano de obra. Por eso su control por parte de las
instituciones es el control de la producción de trabajadoras y
trabajadores. El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios
cuerpos se torna, desde este punto de vista, una amenaza directa a los
cimientos del modelo económico.
Como pasa con la mayoría de los debates que afectan a derechos
específicos de las mujeres, los presupuestos desde los que se construyen
los discursos son, en muchos casos, tramposos. Buscan enmascarar, bajo
dialécticas contundentes, injusticias sociales que, una vez salen a la
luz en toda su magnitud, resultan de un carácter incontestable. El
problema social que toca afrontar de manera ineludible es el derecho a
la salud y a una vida libre de violencia, para el conjunto de la
sociedad. No existe, por lo tanto, posibilidad de democracia cuando no
están garantizados estos derechos para la mitad de la población.
Hay un hecho evidente: la existencia de embarazos no deseados.
Tenemos que decidir qué medidas y qué marco legal vamos a articular en
base a ello. La política debe por tanto centrarse en cómo intervenir
sobre una realidad social específica y buscar soluciones. No debe, sin
embargo, centrarse en elaborar disertaciones morales sobre las causas de
esos embarazos, que es lo que pretenden la mayoría de los discursos a
los que anteriormente me refería.
Lo que se está debatiendo, por tanto, no es otra cosa que la
existencia de un marco legal que garantice el derecho humano a la salud
de las mujeres. Que garantice que cuando decida enfrentarse a la
interrupción de su embarazo, por las razones que sea, tendrá una
atención médica segura que no pondrá en riesgo su vida.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 80.000 mujeres
mueren al año en el mundo por la práctica de interrupciones del embarazo
en condiciones insalubres. Es indispensable, en este sentido, poner en
el centro del debate el derecho a la vida de las mujeres. Resulta obvio
plantear que el aborto ha existido siempre y, por lo tanto, plantear
que, más allá de lo que se decida en ningún consejo de ministros, los
abortos seguirán existiendo. Por mucho que se pretenda hacer del pecado
ley, aquellas mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo,
seguirán tomándola aunque esa decisión siga costándonos nuestras vidas.
Téngase por lo tanto esta premisa inicial como una realidad material
harto demostrable.
Porque nos importan las vidas, tenemos claro que es indispensable
hablar de en qué condiciones son vividas. Proteger la vida de las
personas, desde un punto de vista político, es decir, desde un punto de
vista material, significa desarrollar servicios sociales que articulen
la convivencia y la redistribución de bienestar. Es absolutamente
incompatible con una sociedad democrática, no desarrollar servicios
sociales que garanticen el desarrollo de la vida como son escuelas
infantiles públicas y gratuitas, atención socio-sanitaria universal,
comedores sociales, ayudas a la crianza… y al mismo tiempo pretender
criminalizar a aquellas mujeres que deciden no ser madres. Hay que
denunciar que no es posible seguir pretendiendo que la maternidad sea un
valor absoluto en lo moral en una sociedad que no articula ninguna
medida que realmente proteja dicha maternidad. La criminalización de las
mujeres que interrumpen su embarazo nada tiene que ver con la
protección de la vida y huelga decir que nada tiene que ver con la
prevención de embarazos no deseados.
Si lo que se quiere es proteger la vida es indispensable la creación
de un marco que garantice la práctica médica de la interrupción del
embarazo bajo unas condiciones socio-sanitarias seguras. Asimismo es
igualmente indispensable enmarcar cualquier tipo de regulación de este
calado desde una perspectiva múltiple, hablamos de una ley de educación
sexual y derechos sexuales y reproductivos. Insisto en esta idea: el
problema social real es la existencia de embarazos no deseados. La
interrupción del embarazo debe ser una medida de urgencia, no una
solución al problema, la política pública real, el reto, es evitar los
embarazos no deseados.
Y así lo denunciamos desde las calles y desde nuestros barrios. Y así
lo reflexionaron muchas compañeras feministas que pelean en nuestro
país por garantizar nuestros derechos. Por ello escogí uno de sus lemas
para titular el artículo, porque hablamos de vidas, de las nuestras;
sirva este título como mi homenaje y reconocimiento a sus luchas y sus
ideas, de las que sin duda nos seguiremos nutriendo y seguiremos
enriqueciendo con nuestro saber hacer juntas.
En primera instancia la lacra social de la violencia machista en un
factor esencial en este debate. Es indispensable seguir profundizando en
la erradicación total de dicha violencia en todas sus dimensiones y, en
este caso concreto, nos referimos a una de sus manifestaciones más
execrables como es la violación. Sobre este respecto podrían decirse
muchas consideraciones, nuestro afán aquí es enunciarlo como problema
esencial también dentro de este debate.
En segunda instancia es absolutamente necesario incluir la educación
sexual dentro de todas las etapas educativas. Pues si bien sabemos que
hay múltiples causas para los embarazos no deseados, una de ellas es la
falta de información así como de acceso a medios anticonceptivos. Una
vez más vemos cómo este gobierno elimina la educación para la ciudadanía
y financia centros de educación segregados.
Por último hay otra reflexión que debemos hacernos. El problema del
acceso a la salud es también un problema de clase. Así las mujeres que
puedan permitírselo seguirán accediendo a clínicas privadas que a cambio
de dinero les garantizarán confidencialidad y la mejor de las
atenciones médicas. Como pasa siempre que los poderes públicos cierran
los ojos ante las injusticias sociales: los de arriba continuarán
gozando de todos sus derechos, mientras para las de abajo seguirá siendo
un reto seguir con vida.
Por todo ello quiero manifestar la necesidad de plantear la
desobediencia activa, en las calles y en todos los espacios en los que
nos encontremos. No vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos, y
esta lucha no termina con la aprobación de ninguna ley injusta. Las
mujeres vamos a seguir peleando porque sabemos que los derechos se ganan
ejerciéndolos. Esta tarde nos vemos en las calles a partir de las siete
y nos seguiremos encontrando en tantos otros espacios, no nos paran ni
nos callan, las libertades se conquistan.
Fuente: http://www.publico.es/
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