La alimentación es un derecho humano

Un informe del relator de la ONU nos muestra cuál ha sido la evolución del derecho humano a la alimentación durante los últimos 10 años. En este informe ofrece conclusiones sobre cómo se debe actuar para que este derecho sea real y cómo deben actuar los organismos.

 

Un experto independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) explica que la alimentación es un derecho humano y todos los que participan en la oferta mundial alimentaria tienen la responsabilidad de facilitar poder ejercer el derecho. Olivier De Schutter, relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, insta a los gobiernos a incluir políticas alimentarias en los sistemas jurídicos, esta recomendación se realiza coincidiendo con el lanzamiento del informe en el que se muestra una evaluación del progreso del derecho a la alimentación en la última década.

Este relator ya ha sido protagonista de otras propuestas, recordemos que en el año 2011 Olivier De Schutter recomendaba utilizar la ecoagricultura como la opción más acertada, saludable y respetuosa con el medio ambiente, además de rentable. Tras realizar varios exámenes sobre las publicaciones científicas, su conclusión era que este modelo de alimentación podría garantizar el abastecimiento alimentario mundial en las próximas décadas, concluía que este modo de desarrollo agrícola se conecta a la perfección con el derecho a la alimentación de los países en vías de desarrollo, de todo ello hablábamos en el post La ONU aconseja la ecoagricultura. Olivier De Schutter vuelve a la carga y quiere mostrarnos cuál ha sido la evolución de este derecho durante los últimos 10 años.

Para el relator es necesario que la alimentación sea un derecho legal, en su exposición durante la Asamblea General de la ONU realizada el pasado 25 de octubre, planteó varias preguntas a los asistentes, ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación?, ¿se hace lo necesario para que la alimentación sea un derecho legal?, ¿la industria alimentaria y los operadores relacionados contribuyen al ejercicio de este derecho?

El derecho a una alimentación adecuada y digna como un derecho humano no es una novedad, fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente fue reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otros instrumentos internacionales también han recogido este derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El derecho a la alimentación está reconocido por otros instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, o el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África.

El derecho a una alimentación tiene un interés renovado, muchos países, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996, se comprometieron a esclarecer este derecho, así como el derecho a no sufrir hambre. Se ha tratado en varias ocasiones el tema, pero se puede decir que las actuaciones han sido limitadas y los resultados deprimentes. Bajo estas líneas podéis ver una infografía del informe ‘El ejercicio del derecho a la alimentación: un proceso de múltiples actores‘, en el que se muestran varios fallos judiciales relacionados con este derecho.

El tratamiento de los alimentos como un derecho humano aporta coherencia y rendición de cuentas, esto ayuda a cerrar brechas facilitando la seguridad alimentaria a la población en la toma de decisiones de quienes están en la parte superior de la pirámide, los que tienen el control del sistema alimentario. Para el relator se han realizado importantes avances en el reconocimiento del derecho a la alimentación en la última década, algo necesario para garantizar el éxito de las estrategias en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, aclara que a menudo, se trabaja bajo la idea errónea de que el derecho a la alimentación no es como otros derechos, libertad de expresión, políticos, derecho a una vivienda digna, a recibir protección social, etc. Este derecho debe ser obligatorio y legitimado en los tribunales para que pueda dar sus frutos.

En el informe que podéis leer aquí, proporciona una serie de conclusiones sobre cómo deben actuar la política, los operadores alimentarios, los movimientos sociales, el sistema jurídico o la FAO, para que se pueda alcanzar la plena realización de este derecho. El relator explica que debe ser un derecho humano jurídicamente vinculante y se ha de trabajar más en ello, os recomendamos leer el informe, no tiene desperdicio.

Fuente: http://www.gastronomiaycia.com/

El problema es mucho mayor que el 1%

Por Vicenç Navarro

Existe hoy en amplios sectores de las fuerzas progresistas del país una postura ampliamente compartida entre sus movimientos políticos y sociales que asume que el capitalismo ha variado de tal manera que ha hecho irrelevantes los esquemas utilizados en el discurso político tradicional de las izquierdas (tales como la existencia de izquierdas versus derechas) o en el análisis social (tales como la existencia de clases y de la lucha de clases). Términos como burguesía, pequeña burguesía y clases trabajadoras han desaparecido en la narrativa de esta nueva postura. En su lugar, la lucha es entre la gran mayoría (el 99%) de la población y el 1%, que es, supuestamente, el que controla los hilos de la estructura financiera, económica y mediática del país. Esta nueva teoría se ha importado de EEUU, donde el movimiento Occupy Wall Street se hizo famoso por utilizar esta figura, el 1%, como el responsable de la crisis y continuo deterioro de la calidad de vida y bienestar de la gran mayoría de la ciudadanía.

Este 1% es lo que solía llamarse la clase capitalista e incluye el sector sumamente minoritario de la población que consigue sus ingresos de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, resultado de su control de los medios financieros, de producción, de información, difusión y persuasión, conseguido con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado la enorme concentración de las rentas. En EEUU este 1% poseía en 2008 el 28% de la renta nacional. Es probable que este porcentaje en España, incluyendo Catalunya, sea incluso mayor.

Ahora bien, esta teoría que asume que la lucha de clases se ha sustituido por la lucha del 99% frente al 1% es insuficiente y puede llegar, como ya está ocurriendo, a la inoperancia, tal como le ha ocurrido al movimiento Occupy Wall Street. En realidad, si el adversario fuera solo un 1%, la tarea transformadora de nuestras sociedades sería mucho más fácil. Como decía un compañero sindicalista estadounidense “firmaría enseguida si la realidad fuera tan sencilla”. Pero no lo es. Y el proyecto transformador es mucho más difícil que la existencia del 1%.

Y la mayor causa de ello es que este 1% tiene como aliados, al menos, otro 9%, un porcentaje clave para la reproducción del dominio y explotación de la mayoría a costa de este 1%, y cuyos intereses están intrínsecamente ligados a los del 1%. En terminología clásica, no son capitalistas, pero reproducen el sistema capitalista con el cual están intrínsecamente ligados. En realidad, en otro sistema más sensible a las necesidades de la mayoría de la población, no existiría este 9%.

Me estoy refiriendo a todos aquellos que gestionan las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico, mediático y político, incluyendo el poder de reproducir los valores, la ideología dominante y la promoción de imágenes, todo ello esencial y básico para la reproducción del sistema, tan o más importante que las instituciones de control y represión. Creerse que este sector es parte del 99% es erróneo y puede crear una enorme confusión. Asumir, por ejemplo, que grandes gurús mediáticos (y yo podría poner una larga lista de nombres, tanto aquí en Catalunya, como en el resto de España) son parte del 99% es estar equivocado. Su función es la de sostener el poder de este 1%. Y lo hacen exitosamente.

Es este 10% (1% + 9%) el que se ha beneficiado enormemente del incremento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. En EEUU este 10% alcanzó a tener el 52% de todas las rentas en 2008, mientras el 90% restante tenía el 48%. Lo cual me lleva a subrayar la enorme importancia de continuar utilizando las categorías de poder como clase social, categoría que ha sido deliberadamente ocultada en el lenguaje oficial y apenas utilizada incluso por las izquierdas. Y este ocultamiento, signo en sí del enorme poder del 1% (de la clase capitalista), tiene como objetivo silenciar la lucha de clases. A fin de evitarlo, se presenta una sociedad, que objetivamente está estructurada en clases sociales, como una sociedad de clases medias (que incluye desde el que es casi rico al que es casi pobre, es decir, la gran mayoría de la ciudadanía).

Pero los datos y la realidad están ahí para todo el que quiera verlos. Venga a Barcelona y paséese por la ciudad. Y verá que hay barrios burgueses, barrios pequeño burgueses, barrios de clase media y barrios de clase trabajadora. Poner toda esta variedad bajo la categoría del 99% imposibilita entender las necesidades que tiene cada clase social y sus distintos niveles de compromiso en un proyecto transformador. De la misma manera que la explotación de género configura un grado diferencial de exigencia de cambio, la explotación del mundo trabajador es distinta a la del pequeño burgués (que puede estar explotado, por cierto, por el burgués), lo cual niega estrategias distintas de transformación.

La evolución del capitalismo ha ido favoreciendo las alianzas de estos proyectos de transformación. Así, la pérdida reciente de autonomía de las clases profesionales y el deterioro de sus condiciones de trabajo (lo que solía llamarse “la proletarización de los profesionales”) han hecho que amplios grupos de estos profesionales sean más afines y apoyen proyectos más transformadores, incluso radicales. En EEUU, la Asociación de Cirujanos, uno de los grupos más conservadores de la profesión médica, está apoyando la propuesta de reforma sanitaria de las izquierdas (el Single Payer), que eliminaría las compañías de seguros privados en la gestión y financiación del sistema sanitario.

Esta evolución facilita el establecimiento de amplias alianzas en las que el conflicto de intereses no es solo entre la clase trabajadora y la burguesía (que continúa existiendo), sino entre una mayoría de la población (alianza de las clases medias y de la clase trabajadora) y una minoría (el 10%) que domina y gobierna el mundo financiero, económico, mediático y político del país. Ignorar la existencia de clases (poniéndolas a todas –excepto los ricos y pobres- bajo la categoría de clases medias) y sus distintos intereses, ha llevado al movimiento Occupy Wall Street a limitar su influencia política, pues ha dejado de lado al grupo social, la clase trabajadora, que padece más la explotación y represión y que tiene mayor motivación para el cambio. 

El hecho de que las izquierdas no hablen de ello y hayan abandonado el análisis y narrativa de clases sociales, contribuye más y más al distanciamiento y alienación de las clases populares, incluyendo la clase trabajadora, hacia los partidos de izquierda, sustituyendo su apoyo a estos partidos con apoyos a partidos y voces radicales, incluso de carácter fascista y chauvinista, que llenan el vacío que tales partidos de izquierda crearon.

Fuente: http://www.publico.es/