Un experto independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) explica que la alimentación es un derecho humano
y todos los que participan en la oferta mundial alimentaria tienen la
responsabilidad de facilitar poder ejercer el derecho. Olivier De
Schutter, relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, insta a
los gobiernos a incluir políticas alimentarias en los sistemas
jurídicos, esta recomendación se realiza coincidiendo con el lanzamiento
del informe en el que se muestra una evaluación del progreso del
derecho a la alimentación en la última década.
Este relator ya ha sido
protagonista de otras propuestas, recordemos que en el año 2011 Olivier
De Schutter recomendaba utilizar la ecoagricultura como la opción más
acertada, saludable y respetuosa con el medio ambiente, además de
rentable. Tras realizar varios exámenes sobre las publicaciones
científicas, su conclusión era que este modelo de alimentación podría
garantizar el abastecimiento alimentario mundial en las próximas
décadas, concluía que este modo de desarrollo agrícola se conecta a la
perfección con el derecho a la alimentación de los países en vías de
desarrollo, de todo ello hablábamos en el post La ONU aconseja la
ecoagricultura. Olivier De Schutter vuelve a la carga y quiere
mostrarnos cuál ha sido la evolución de este derecho durante los últimos
10 años.
Para el relator es necesario que la alimentación sea un derecho legal, en su exposición durante la Asamblea General de la ONU realizada el pasado 25 de octubre, planteó varias preguntas a los asistentes, ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación?, ¿se hace lo necesario para que la alimentación sea un derecho legal?, ¿la industria alimentaria y los operadores relacionados contribuyen al ejercicio de este derecho?
Para el relator es necesario que la alimentación sea un derecho legal, en su exposición durante la Asamblea General de la ONU realizada el pasado 25 de octubre, planteó varias preguntas a los asistentes, ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación?, ¿se hace lo necesario para que la alimentación sea un derecho legal?, ¿la industria alimentaria y los operadores relacionados contribuyen al ejercicio de este derecho?
El derecho a una alimentación
adecuada y digna como un derecho humano no es una novedad, fue
reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
posteriormente fue reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, también en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Otros instrumentos internacionales también
han recogido este derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. El derecho a la alimentación está reconocido por otros
instrumentos como el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Africana
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, o el Protocolo de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos
de la mujer en África.
El derecho a una alimentación
tiene un interés renovado, muchos países, durante la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación celebrada en 1996, se comprometieron a esclarecer
este derecho, así como el derecho a no sufrir hambre. Se ha tratado en
varias ocasiones el tema, pero se puede decir que las actuaciones han
sido limitadas y los resultados deprimentes. Bajo estas líneas podéis
ver una infografía del informe ‘El ejercicio del derecho a la alimentación: un proceso de múltiples actores‘, en el que se muestran varios fallos judiciales relacionados con este derecho.
El tratamiento de los alimentos
como un derecho humano aporta coherencia y rendición de cuentas, esto
ayuda a cerrar brechas facilitando la seguridad alimentaria a la
población en la toma de decisiones de quienes están en la parte superior
de la pirámide, los que tienen el control del sistema alimentario. Para
el relator se han realizado importantes avances en el reconocimiento
del derecho a la alimentación en la última década, algo necesario para
garantizar el éxito de las estrategias en materia de seguridad
alimentaria. Sin embargo, aclara que a menudo, se trabaja bajo la idea
errónea de que el derecho a la alimentación no es como otros derechos,
libertad de expresión, políticos, derecho a una vivienda digna, a
recibir protección social, etc. Este derecho debe ser obligatorio y
legitimado en los tribunales para que pueda dar sus frutos.
En el informe que podéis leer aquí,
proporciona una serie de conclusiones sobre cómo deben actuar la
política, los operadores alimentarios, los movimientos sociales, el
sistema jurídico o la FAO, para que se pueda alcanzar la plena
realización de este derecho. El relator explica que debe ser un derecho
humano jurídicamente vinculante y se ha de trabajar más en ello, os
recomendamos leer el informe, no tiene desperdicio.
Fuente: http://www.gastronomiaycia.com/
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