Los nuevos ricos cierran los caminos públicos

El mundo rural ha sido ocupado por nuevos terratenientes que invierten sus fortunas, procedentes de pelotazos urbanísticos, en la compra de terrenos para crear cotos de caza. Los nuevos ricos, y caciques de la zona, llevan a cabo grandes cerramientos cinegéticos y cierran los caminos públicos, patrimonio de todos. Asociaciones senderistas y ambientales luchan contra la usurpación de los caminos públicos.

 

 

“Han llegado unos señores de fuera con dinero y han cerrado los caminos públicos del pueblo. Los vecinos están muy cabreados. Unos caminos por los que han pasado durante toda la vida, y que llevan a unas zonas con vistas impresionantes, están cerrados a cal y canto”, dice María Carmen García, alcaldesa del municipio de La Pesquera, Cuenca, de 250 habitantes, enclavado en el El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, donde otro camino, éste en el término vecino de Minglanilla, ha sido cerrado, lo que impide el paso a ese espacio natural. La alcaldesa de La Pesquera relata a Diagonal que los nuevos terratenientes del pueblo, que han cercado grandes extensiones para cotos de caza, han intentado intimidarla.Ella ha iniciado el proceso para abrir esos caminos públicos y ahora tendrá que acudir a los tribunales.

Éste no es el único caso. María Carmen García ha asistido a las VII Jornadas de Caminos públicos celebradas en Constantina, Sevilla, el 1, 2 y 3 de noviembre pasado, donde se han reunido representantes y activistas de más de 15 organizaciones ambientales y senderistas de todo el Estado español que se enfrentan a la usurpación de los caminos públicos en su territorio.

  La privatización o el robo de caminos públicos, vías pecuarias y el dominio público hidráulico (ribera de los ríos) es una constante. En los últimos años, los nuevos ricos del ladrillo están invirtiendo sus fortunas en el mundo rural. Compran fincas que juntan para crear cotos cinegéticos que envuelven con vallados, y dentro de ellos se quedan los caminos públicos, muchas veces únicas vías de comunicación entre pueblos.

Caciques y nuevos señoritos

Son caciques, nuevos señoritos, propietarios ‘aprovechados’ y hasta la propia Adminis­tración autonómica los que ponen puertas al campo con la complicidad, en muchos casos, de los ayuntamientos. “Es una vuelta al pasado, al caciquismo, me genera mucha tristeza y rabia”, dice José Manuel Flores, presidente de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos, que en 2007 puso en marcha, con otros activistas, la plataforma en Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el cierre de caminos, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha.

 Para el geógrafo catalán Xavier Campillo, experto en caminos, no existe vacío legal y nuestra jurisdicción recoge en varias normativas la defensa de los caminos públicos como bienes patrimoniales que no se pueden vender.  “La Ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Para desafectarlos [cambiar su uso], se requiere un expediente del Ayuntamiento al que pertenezcan que acredite la ‘oportunidad y legalidad’ de esa desafección”, señala Campillo a este medio. Además, los motivos de ese cambio de uso deben ser, en todo caso,“la utilidad pública”. También la Consti­tución reconoce el derecho a la libre circulación (Art. 19) y a disfrutar del medio ambiente (Art. 45), derechos fundamentales que se violan con la usurpación de los caminos.

Precisamente en Constantina, Sierra Norte de Sevilla, el Ayun­tamiento ha cerrado el acceso a un monte público todo el año, con la excusa de que es peligroso pasear por la presencia de cazadores. Es a éstos a los se que ha ‘entregado’ el disfrute de ese patrimonio.

Abrir el paso de los caminos

“El corazón nos pide usar los alicates”, reconoce Flores. Se refiere a una de las primeras acciones en Andalucía, donde decenas de personas atravesaron una finca donde se habían cerrado los caminos públicos que la atravesaban, en Lugros, Granada, gracias al corte de la alambrada. De entonces, hay pendiente una multa de 3.000 euros y la imputación penal de seis personas, entre ellas el alcalde de Lugros. En esa lucha están también el club de montaña Elbruz y la asociación senderista de El Batolito (Sevilla).

 En Córdoba nació otra organización pionera que integra la plataforma: “A Desalambrar surge en 2001 formada por grupos senderistas, ciclistas y ecologistas preocupados por el masivo cierre de caminos. De 67 caminos públicos en la Sierra de Córdoba capital, 44 están cortados total o parcialmente.

En otros pueblos del norte, la situación es peor, conmunicipios con un 80% de caminos cerrados”, afirma Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, que ha conseguido movilizar en la última manifestación a más de 2.000 personas y que el Ayuntamiento de Córdoba esté a punto de aprobar un inventario de caminos públicos.

Extremadura, donde se repite la misma práctica, es la única Comunidad Autónoma que tiene una legislación de caminos públicos y ha inventariado sus vías, en todos sus municipios. Éste es el método para registrarlos e impedir que los propietarios de las tierras los usurpen e impidan la libre circulación.

En Salamanca también existe una asociación contra el cierre de nuestros caminos. “Los caminos que no se quedan los caciques se los comen las zarzas”, dice Vicente García presidente de la asociación Trochas Viejas. El cierre de caminos en el pequeño municipio de Martinamor llevó al secretario de este grupo, Jesús Cabanillas, a crear la asociación en 2009 y hacer un estudio de los caminos de su pueblo. Varios estaban cerrados. Después organizaron unas jornadas para debatir sobre este patrimonio público y hoy siguen en la misma lucha dentro de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. “Vivo en Béjar y tampoco allí tenemos apoyo local y por eso nuestro fuerza esta en la unión con las organizaciones que componen la plataforma” afirma García.

Un camino con historia

La foto cartográfica del vuelo americano de 1956, una guía de viajes a caballo por la sierra de Segovia de los ingenieros Breñosa y Castellarnau  o un documento de la guerra civil ha servido a Ecologistas en Acción de Segovia para revindicar otro camino cortado en una gran finca de caza, La Sauca, propiedad de los descendientes del general Martínez Campos. Camino público que reconocen haber recorrido muchos mayores de la zona y cuyo testimonio será decisivo ante los tribunales que tienen que decidir sobre la  titularidad del mismo. Antes, los activistas segovianos han llevado a cabo varias marchas revindicativas por el camino de La Pedrona, en las dos últimas, 2009, con casi 300 personas, y 2010, más de 200, pasaron arrastrándose por debajo de la valla que cierra el camino ante la presencia de la Guardia Civil y los propietarios de la finca.

Valle de Manzanedo

Pero el cierre de caminos va más allá. En el Valle de Manzanedo, municipio formado por 16 pequeños pueblos, en Burgos, y con 140 vecinos censados, se han cerrado dos pueblos enteros y todos sus caminos. “Fuente Humorera y Rioseco están cercados. Alfonso Pérez-Andújar Escudero, un empresario ganadero, que fue uno de los dueños de Clesa ha cerrado 800 hectáreas con una alambrada de 2 metros de altura y dentro se encuentran dos pueblos ahora ‘de su propiedad’. Es una tercera parte del municipio. Una barbaridad”, dice Jesús Pitarque, que inició la lucha por la apertura de los caminos públicos del Valle de Manzanedo junto a otras personas y crearon la Asociación Rus Redire (volver al campo) en 2010 de la que es presidente.

“Este señor compró a otro propietario las tierras; un funcionario de la Consejería de Agricultura de Castilla y León que se hizo (gratis) con muchas fincas y formó un gran coto con tierras abandonadas que no estaban registradas. En esta zona, el campo era de subsistencia y ­en los ’50 se abandonó”, aclara Pitarque. Al parecer el funcionario de Agricultura llevó a cabo una escrituración fraudulenta de decenas de terrenos abandonados, un sistema de matriculación de fincas cuya propiedad no estaba registrada, pero que sí tenían dueños.

Rodeados por una valla quedan ahora Fuente Humorera, donde el terrateniente “ha derruido todas las casas antiguas y se ha construido una gran mansión con todos los lujos imaginables. En este pueblo quedan las ruinas de la vieja iglesia románica de San Román. Ahora las calles no aparecen en ningún plano”, explica Pitarque que ha creado una web  y cinco blogs que informan del robo de este patrimonio público con la connivencia del Ayuntamiento de Valle de Manzanedo que permutó los caminos públicos para entregárselos al nuevo cacique. En Rioseco se encuentran todavía algunas infraestructuras: calles, alumbrado…y el terrateniente ha instalado una granja de cabras y una fábrica de quesos que se anuncia como ecológica, en la que era la granja de un monasterio cuyas bellas ruinas siguen en pie.

También en el Valle de Manzanedo, en la comarca  de Las Merindades, otros propietarios, que figuran como inmobiliaria Gesnor han cerrado los caminos con vallas y candados en la zona de El Hayadal, entre ellos el Sendero Natural del Ebro GR99 e incluso dos puentes sobre el río Ebro tienen verjas de hierro que impiden el paso.

La lucha durante años de Pitarque y los integrantes de la Asociación Rus Redire no ha parado, llegaron a presentar 400 alegaciones contra el cierre de caminos, entre otras iniciativas. Además, El procurador del Común ha dictado varias resoluciones y finalmente ha intervenido la Junta de Castilla y León declarando nulo el convenio del propietario y el Ayun­tamiento del Valle de Manza­nedo (PSOE), que en mayo desafectó e iba a permutar los caminos de Fuente Humorera y Rioseco para entregarlos definitivamente al dueño de los terrenos. Pero a día de hoy “los caminos siguen cerrados. Aquí nadie hace nada.”, denuncia Pitarque.

“Somos camineros”

La Sociedad Caminera del Real de Manzanares también integra la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. Su ámbito de actuación está en la provincia de Madrid. Ricardo Roquero es el portavoz y se declara caminero: “Nosotros defendemos la caminería, somos camineros concienciados. Desde el primer Congreso de la Caminería se definió ésta como la suma del camino, caminante y entorno. Eso significa que no vamos a ciegas por los caminos, que los pisamos en compañía de otras personas, y esas personas nos interesan tanto como el camino y ese entorno y medio cultural e histórico”. Roquero reivindica el compromiso desde los caminos y apunta que vivimos en un momento de privatización, de pérdida de nuestro patrimonio donde se enclava también la defensa de los caminos públicos. Su asociación ha conseguido que el Ayuntamiento de Torrelodones abra el camino de El Pardillo cerrado por un propietario.

Los costes políticos de sostener el euro para las izquierdas

Por Vicenç Navarro

Este artículo señala que la construcción del euro fue parte de un proyecto político, que está siendo ampliamente exitoso, liderado por el mundo empresarial (tanto financiero como industrial) para debilitar al mundo del trabajo y a la Europa social que este creó. La complicidad de las izquierdas gobernantes en este proyecto explica su enorme descrédito.

No hay plena conciencia entre la mayoría de las izquierdas en nuestro país de que el establecimiento del euro respondió a un proyecto de debilitar, por todos los medios posibles, al mundo del trabajo y al modelo social que este mundo estableció y que había convertido a Europa en un punto de referencia internacional para todas las fuerzas progresistas del mundo. Este proyecto ha sido altamente exitoso, como lo muestra que el mundo empresarial (tanto el financiero como el industrial) está consiguiendo todo lo que ha deseado desde hace mucho tiempo. Hoy los gobiernos están forzando la bajada de salarios, el aumento del desempleo, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de las pensiones y de los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, y otros. Todas estas medidas se han realizado bajo el mandato de las instituciones que gobiernan el euro, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el gobierno alemán, instituciones todas ellas de sensibilidad ultraliberal y que utilizan los instrumentos financieros que tienen a su disposición para imponer tales políticas neoliberales. Que esto es así es obvio. Y la evidencia empírica que avala tal interpretación de lo que está ocurriendo en Europa es abrumadora. Ni que decir tiene que los mayores medios de información, controlados por tales intereses empresariales, ocultan esta realidad.

Encontramos múltiples ejemplos de esta instrumentalización. Veamos uno de los casos más recientes. Hace unos meses se aprobó el presupuesto plurianual de la Unión Europea, dentro de las normas establecidas para la preparación de presupuestos en los próximos siete años (sí, leyó bien, siete años). En estas normativas, escritas en letra pequeña, se indica que cualquier transferencia de fondos (que se definen como “ayuda”) a autoridades municipales, regionales o nacionales (es lo que el lector ha podido ver en las pancartas de su ayuntamiento o comunidad autónoma, en la que se indica que el proyecto se ha financiado con fondos de la UE, con la bandera de estrellas en lugar prominente) está condicionada a que el gobierno del país se comprometa a seguir las políticas macroeconómicas neoliberales (que no tienen nada que ver con el proyecto financiado) que incluyen la retahíla de medidas que mencioné antes. Y estas medidas macroeconómicas las dicta y las supervisa la Comisión Europea, el grupo de tecnócratas que nadie ha elegido y que, en su mayoría, son de persuasión ultraliberal. En otras palabras, la Comisión Europea le dirá al gobierno español “usted no puede apoyar con fondos europeos la construcción, por ejemplo, de un hospital en Girona, a no ser que usted, gobierno de Madrid, se haya comprometido a bajar los salarios del país”.

El gobierno que ha promovido este sistema (y que tiene una enorme influencia en la Comisión Europea) es el gobierno alemán, máximo sostenedor de las políticas de austeridad hoy en la UE y en la Eurozona. Y lamento decirle que usted, ciudadano español, no tiene ninguna voz o posibilidad de cambiar esto, a no ser que se movilice para que España salga de este sistema que tiene al país estancado. Por cierto, parte de estos fondos vienen de su bolsillo, reciclados a través de la siempre presente Comisión Europea. Y me sabe mal informarle también que el Parlamento Europeo no pinta nada en esto. Ni tampoco puede hacer nada. En realidad, intentó hacer algo, pero no le dejaron. Había propuesto que los países pudieran utilizar fondos de la UE que estuvieran catalogados como inversiones para estimular el crecimiento, y también sugirió que en el cálculo del déficit público se separara el gasto en inversiones del gasto en consumo. Pero todo sigue como la Comisión decidió. ¿Lo entiende? Y mientras, se define como extremistas a aquellos que quieren salirse del sistema por considerar el cambio dentro del euro como imposible.

Los costes políticos del euro para las izquierdas

Una característica de nuestros tiempos es el enorme descrédito de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea. De nuevo, los números hablan por sí mismos. El descenso de su apoyo electoral (sobre todo entre las clases populares) ha sido enorme. Y el número de militantes ha bajado espectacularmente. Como decía un observador, con gran agudeza política, “los militantes de tales partidos se han reducido a personas con cargos políticos, y a personas que esperan poder tener cargos políticos”. Aun cuando esta frase tiene un componente simplificador e injusto, lo cierto es que tales partidos han perdido a las personas más comprometidas ideológicamente con el socialismo, teniendo hoy muy poca capacidad de movilización.

Este descrédito se debe precisamente a su complicidad en establecer tal sistema de gobierno del euro. De nuevo, la evidencia que avala esta tesis es robusta. Es cierto que hay intentos de cambiar tal sistema de gobierno, esfuerzo al que se le añaden los partidos políticos más a la izquierda que la socialdemocracia. Pero este intento de reformar el sistema de gobierno asume que tal sistema es reformable, es decir, que puede cambiar para que sirva al mundo del trabajo, que constituye la mayoría de las clases populares. La evidencia, sin embargo, parece cuestionar que ello sea posible. El caso citado anteriormente así lo señala.

La protesta generalizada y el hartazgo popular hacia esta Europa

Está también claro que el hartazgo de las clases populares de la Unión Europea hacia tal entidad política está alcanzando niveles amenazadores para la reproducción de tal sistema de gobierno. Y es lógico que tal hartazgo lo lideren aquellas fuerzas políticas que cuestionan más radicalmente la existencia del euro y de la Unión Europea. El crecimiento de los partidos de la ultraderecha a nivel de Europa es un indicador de ello. Su éxito se basa en su radicalismo en contra de lo que llaman “las élites tecnócratas que roban el poder nacional” (acusación que es difícil desmentir), proponiendo la salida del euro y de la UE. En cierta manera, su éxito se debe al fracaso de las izquierdas en entender y responder al enfado de las clases populares hacia esta Europa, la Europa que de sueño democrático y social se ha convertido en pesadilla antisocial y antidemocrática. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que las izquierdas entiendan que esta Europa no es cambiable y que otra Europa es posible?

 Fuente: http://www.publico.es/